Tablero — Séptimo Bloque · Asambleas reprogramadas · 25, 26 y 27 de septiembre de 2026

Reconocimiento con personalidad jurídica y patrimonio propio.

• Reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de derecho público.
• Define los elementos objetivos y subjetivos que conforman a un Pueblo Indígena.
• Establece criterios de reconocimiento: asentamiento físico, etnolingüístico y autoadscripción.
• La Nación Mexicana está constituida por 69 Pueblos Indígenas con denominación y autodenominación.
• Regula la constitución formal mediante consulta, Asamblea Regional, Estatuto y Acta constitutiva.
• El Gobierno emite dictamen, registro en el Catálogo Nacional y publicación en el DOF.
• El reconocimiento otorga personalidad jurídica pública y ejercicio directo de derechos y recursos.
• Define y clasifica a las Comunidades Indígenas: nuclear, extensa, urbana, pluricultural y residente.
• Reconoce derechos de los Pueblos que viven a ambos lados de las fronteras.

Gobierno propio, sistemas normativos, territorio, cultura y desarrollo. (Mesa 2: 5 grupos)

• La libre determinación es el corazón de la Ley y reconoce derechos colectivos.
• La autonomía es la forma concreta de ejercer la libre determinación, coordinada con el Estado.
• Establece niveles de autonomía: Comunidad, Pueblo o región, y Municipios con sistemas normativos.
• Reconoce formas e instituciones de gobierno y el Bastón de Mando como símbolo de autoridad.
• Regula los sistemas normativos, la justicia y la jurisdicción indígena y sus materias.
• Garantiza acceso efectivo a la jurisdicción del Estado con intérpretes y coordinación de sistemas.
• Reconoce por primera vez la propiedad comunal tradicional e integridad de tierras y territorios.
• Protege el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva y crea un Fondo de protección.
• Reconoce lenguas oficiales, educación intercultural, salud, medicina tradicional y desarrollo sostenible.

Sus derechos y reconocimiento como sujetos de derecho público.

• Busca erradicar el racismo sistémico y la discriminación racial contra los pueblos afromexicanos.
• Promueve la justicia reparadora por los agravios históricos de la esclavitud y la invisibilización.
• Los reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
• Identifica comunidades afromexicanas nucleares, extensas y residentes, con derecho a autodenominarse.
• Garantiza su libre determinación y autonomía para elegir autoridades y aplicar sus sistemas normativos.
• Reconoce sus sistemas de justicia mediante asambleas y consejos de principales o ancianos.
• Protege su patrimonio e identidad cultural y su derecho a administrar recursos públicos directamente.
• Obliga al Estado a garantizar desarrollo integral, salud, educación, vivienda y justicia intercultural.

Población indígena y afromexicana, con acciones afirmativas.

• Establece derechos con perspectiva de género e interseccional para mujeres, niñez y juventud.
• Sus principios incluyen autonomía progresiva, interés superior de la niñez y no repetición.
• Garantiza a las mujeres participación política, acceso a la tierra, salud y educación en igualdad.
• Protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, racismo y discriminación.
• Reconoce la medicina y partería tradicional y sanciona la esterilización forzada sin consentimiento.
• Asegura acceso a la justicia con debido proceso y órdenes de protección.
• Reconoce a niñez y juventud su identidad cultural, participación, educación, salud y tecnología.
• Ordena prevenir uniones forzadas, embarazos tempranos, trabajo infantil y violencia sexual.
• Garantiza su derecho al desarrollo, esparcimiento y a una incorporación digna al trabajo.

Indígenas y afromexicanas: inclusión y desarrollo integral.

• Reconoce a jornaleras y jornaleros agrícolas como trabajadores asalariados del campo.
• El Estado vigila el pago íntegro de salarios y realiza inspecciones contra el trabajo infantil.
• Debe eliminar el acoso sexual a mujeres y garantizar asesoría jurídica laboral gratuita.
• Para migrantes: ciudadanía, documentos de identidad y asistencia consular en lenguas indígenas.
• Facilita repatriación ordenada, traductores y atención a violencias contra mujeres migrantes.
• Personas adultas mayores: seguridad social integral y culturalmente apropiada.
• Integra la medicina tradicional y adapta la infraestructura de cuidados.
• Personas con discapacidad: igualdad sustantiva, información accesible, educación inclusiva y justicia.

Bases y procedimientos del derecho a la consulta.

• Los Pueblos tienen derecho a ser consultados sobre medidas que afecten su vida o entorno.
• La consulta es un proceso de diálogo para construir acuerdos sobre medidas de mitigación, compensación y/o acomodo, para salvaguardar los derechos colectivos.
• La materia de la consulta son las posibles afectaciones que puede causar una medida en preparación.
• La consulta procede cuando se determina susceptibilidad de afectación de derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa en preparación.
• Debe realizarse de buena fe, previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
• Procede por solicitud, de oficio del INPI o por mandato judicial.
• Las autoridades emiten un Dictamen de Procedencia o Improcedencia de la consulta.
• Requiere consentimiento cuando el impacto sea significativo, permanente e irreversible.
• Los acuerdos resultantes del proceso de consulta son de carácter obligatorio.
• Estado y empresas presentan planes de mitigación, compensación o indemnización.
• Etapas: actos previos, informativa, deliberativa, construcción de acuerdos e implementación.

Federación, entidades, municipios y alcaldías de la CDMX.

• La Federación adecua leyes, coordina órdenes de gobierno e implementa acciones en territorio y patrimonio.
• Entidades federativas y CDMX ajustan constituciones y planeación estatal para garantizar derechos.
• Municipios y alcaldías adecuan reglamentos y coordinan acciones con Pueblos y Comunidades.
• Los Pueblos definen prioridades, elaboran planes y se asocian libremente para su autonomía.
• Se crean el Consejo Nacional, comisiones presidenciales y el Mecanismo de implementación de derechos.
• El Catálogo Nacional los identifica como sujetos de derecho público, con efectos declarativos.
• Los tres órdenes de gobierno asignan recursos según prioridades y planeación comunitaria.
• El Anexo Transversal 10 y el Fondo de Infraestructura Social financian obras y servicios básicos.
• La Asamblea decide obras y recursos, con comités de administración, vigilancia y fiscalización.

Procedimientos y juicio de amparo indígena y afromexicano.

• Protege derechos individuales y colectivos con responsabilidades, delitos, sanciones y amparo.
• Se aplica a personas servidoras públicas y a particulares vinculados con Pueblos y Comunidades.
• Tipifica 17 faltas administrativas (no graves y graves), incluidas etnocidio y robo de patrimonio.
• Los procedimientos siguen la Ley de Responsabilidades con perspectiva intercultural y opinión del INPI.
• La negativa de consulta se impugna ante el Órgano Técnico del INPI, que resuelve en 15 días.
• Crea delitos como etnocidio, usurpación de funciones y suplantación de identidad, con prisión y multas.
• El etnocidio se castiga con seis a diez años de prisión y multas, con agravantes.
• Los bienes asegurados por delito se restituyen de inmediato al Pueblo o Comunidad de origen.
• El amparo indígena lo promueven autoridades o el 20% de integrantes, con principios interculturales.